Protección de la naturaleza vs. modelo económico: la madre de las batallas ambientales

Este viernes el pleno de la Convención Constitucional votará informe definitivo de la Comisión de Medio Ambiente. Acá te explicamos qué se quitó y qué se agregó de la primera versión.

Por Patricio Segura en El Desconcierto
Pleno Convención Constitucional Agencia Uno

Para las 9:30 de la mañana de este viernes está convocado el pleno de la Convención Constitucional. Ese día, para parte importante del país y los movimientos socioambientales se dará una de las disputas esenciales de todo el proceso: el respeto y cuidado del medio ambiente y la naturaleza vs. el modelo económico extractivista.

Luego del traspié del 16 de marzo, cuando fueron aprobados en general sólo 6 de los 40 artículos propuestos en el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente (y en particular sólo medio artículo, en realidad), han sido intensas las negociaciones para presentar un texto con viabilidad política de ser aprobado.  Tarea que ha involucrado mejorar los artículos en lenguaje jurídico, pero también ceder.  La pregunta para muchos hoy es: ¿cuánto es el mínimo que se puede entregar sin perder el foco de cautelar lo esencial?  Y eso esencial sigue siendo, una Constitución Ecológica.

El nombre oficial de la comisión ya daba luces sobre lo difícil de la tarea: Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.  El interés de incorporar todo lo posible, sin dejar nada fuera, más que convocar a amplias mayorías (los 2/3 en el pleno son una barrera no fácil de franquear) hacía correr el riesgo de dejar fuera a quienes sin ser extractivistas tienen una noción de corte más “social” y profundamente antropocéntrica.  Idea que cruza no sólo a la derecha, también a cierta izquierda tradicional.  Si a eso agregamos el enfrentamiento sobre el modelo de desarrollo chileno, basado en la naturaleza como un commodity, la complejidad se acentuaba.

Por eso, la propuesta que este viernes llegará al pleno reviste carácter de fundamental.  Y da cuenta del choque de visiones con un sector progresista para el cual el tema ambiental, el de los bienes comunes y no sólo los derechos sociales garantizados, aún le es lejano.

En ese espacio están parte del Colectivo Socialista, del Frente Amplio, de Independientes por la Nueva Constitución (ex INN) y de Chile Digno.   Mañana sus votos serán fundamentales.

Las tijeras del modelo

El artículo 1˚ del primer informe de la comisión (que fue en su mayoría rechazado) se hacía cargo de un tema sobre el cual se suponía ya había cierto acuerdo: el cambio climático.

En la propuesta original, además de todo lo ya conocido, se señalaba que “el Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana”. Esta frase, crítica para hacerse cargo de que es nuestra forma de habitar el planeta la responsable de la grave situación ambiental global y que para enfrentarla deben generarse cambios profundos, fue eliminada de raíz.

Además, se borró en los siguientes todo lo relacionado con las formas de enfrentar el predicamento actual, quedando un sólo artículo en genérico sobre crisis climática.

El artículo 4˚ y los posteriores consagraban los derechos de la naturaleza. Pero no sólo aquello. También daba una fuerte señal sobre la incorporación de la visión de los pueblos originarios, al aludir al mismo concepto pero en sus propias lenguas. El nuevo artículo 2˚  eliminó toda mención a las naciones ancestrales.

Desde el artículo 12˚ al 18˚ se aludía a los bienes comunes, mencionando entre éstos “las aguas en todas sus formas e interfases, incluyendo glaciares y criósfera; el mar territorial, la altamar y el fondo marino; las playas, dunas y el borde costero; el subsuelo; los humedales; el aire, viento y atmósfera; la radiación solar; los campos geotérmicos; la alta montaña; el cielo y el espacio”. Aunque en la propuesta de reemplazo se mantuvo la figura, se eliminó toda mención a cuáles serían éstos.

En esta materia, las destacadas profesoras de Derecho Ambiental Dominique Hervé y  Verónica Delgado han realizado una fuerte presión para que se incorporen sus propuestas sobre bienes comunes naturales y la figura de Custodia Pública de la Naturaleza.  Planteamientos que es posible esperen se repongan en la discusión de mañana.

En el original artículo 19˚ se garantizaba el acceso público y responsable a “montañas, bosques nativos, salares, ríos y riberas, mar y playas, humedales, lagos, lagunas, y caminos ancestrales”.  En la nueva versión no quedaron los bosques nativos, los salares, los humedales, las lagunas ni los caminos ancestrales.  El objetivo de incluir estas figuras era, respetando el derecho de propiedad, reconocer la función ambiental y, particularmente, social de ésta en el caso de ciertos bienes comunes.

En el artículo 20˚, en tanto, se materializaba el principio que propendía a la gestión de los residuos, aportando formas de cumplir aquello. En el informe de reemplazo quedó sólo “es deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos”, rechazando una propuesta que apuntaba a que se concluyera con la frase “dicha gestión deberá ser ambientalmente sustentable”.

Se eliminaron, además, los artículos sobre derecho a la vivienda digna y ecológica, y la protección de la biodiversidad.   Sobre los animales, en el nuevo  artículo 20˚, quedó que éstos “son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia«.  Fuera quedó que se reconociera su “individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato” y la obligatoriedad de establecer una institucionalidad que garantice aquello.

En la propuesta actual sí se cautelan ciertos principios esenciales para la protección de la naturaleza y el medio ambiente, quedando en el artículo 26˚ “progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa”.  Eso sí, se borró todo lo relacionado con principios de la cosmovisión indígena.

Y, por último, se eliminó toda alusión  a los deberes de las personas de proteger la naturalezacomunidades resilientesdelitos ambientalesresponsabilidad en materia ambiental.

Sí se aprobó el concepto de democracia ambiental, propendiendo a la “participación informada” y el “derecho a acceder a la información ambiental que conste en poder o custodia del Estado. Los particulares deberán entregar la información ambiental relacionada con su actividad”.  Claro que no se estableció distingo alguno en esta materia con los derechos de los pueblos originarios.

Sobre los pueblos originarios, es preciso señalar que aunque no fueron foco en las propuestas asociadas a la naturaleza, este miércoles el pleno ya aprobó por amplia mayoría que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”, por lo cual estas cosmovisiones íntimamente ligadas a la naturaleza estarían ya siendo cauteladas en la propuesta de borrador de nueva Carta Fundamental.

¿Dejar caer lo accesorio, salvar lo esencial?

Dejemos algo claro: la propuesta que ha emergido de la comisión es un avance con relación a lo que la actual Constitución señala en materia ecológica y ambiental, principalmente en el artículo 19 número 8 sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero para los movimientos socioambientales, muchos de los cuales están anclados en territorios que viven la presión agroindustrial, minera, salmonera, hidroeléctrica, todavía no es suficiente.

La disputa ha sido ideológica, pero también de forma.  Aunque muchas veces esto último ha sido más un pretexto para no reconocer las diferencias de paradigma.

El mejor ejemplo es la crítica al nivel de detalle que las y los convencionales con mirada ecologista quieren llegar.  En línea con la figura de Constitución “minimalista” que algunos proponen.  Normalmente este planteamiento es realizado por quienes se reconocen minoría en la Convención, apostando a que el margen abierto les permita hacer las precisiones en otros momentos, con otra correlación de fuerzas en el Congreso.

Lo paradójico es que quienes esto señalan  nada dicen del nivel de especificidad que la actual Constitución sí tiene en una materia que les es fundamental: el derecho de propiedad individual.

Dice el artículo 19 número 24 que en el caso de las expropiaciones del Estado “a falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado”.  Este párrafo nada tiene de general, minimalista ni de alto vuelo.

¿Por qué el legislador así lo quiso y, consecuentemente, materializó? Simplemente porque para los ideólogos del modelo de sociedad neoliberal impuesto en la Dictadura, dejar amarrado todo lo relacionado con la propiedad privada era fundamental.  Es éste el mismo objetivo de quienes pretenden una Constitución Ecológica, más allá de discusiones supuestamente objetivas sobre la técnica legislativa.  Porque ésta es una disputa política.

Sí, por la mirada territorial, por las luchas que se dan día a día en demasiados ríos, demasiadas montañas, demasiados lagos y mares, se ha intentado acotarlo todo.  Quizás demasiado, pero esto también es responsabilidad del modelo extractivista que, lo digo por experiencia propia, nos ha tocado enfrentar.

Por lo demás, hoy por hoy existe cierto acuerdo entre la elite progresista sobre materias relacionadas con el matrimonio homosexual, la despenalización del consumo de marihuana y los derechos de los pueblos originarios (cuando no toca lo relacionado con la naturaleza, por cierto).  No así cuando hablamos de cambiar el modelo de desarrollo extractivista, donde el cuidado ambiental, el respeto de los ciclos ecosistémicos, la regeneración y la restauración de la biodiversidad, la gobernanza democrática sobre la gestión de los territorios e, incluso, la cosmovisión indígena, es visto como una traba a lo que entienden por progreso.

Lo que no se asimila es que su defensa de lo “social” paradójicamente sigue empujando a demasiados a la precariedad y vulnerabilidad, además de seguir concentrando riqueza producto de la acumulación en pocas manos de la naturaleza en su función productiva. Un tema que cierta izquierda se ha negado, insistentemente, a enfrentar.

Este viernes 25 de marzo, a las 9,30 horas, será el momento de la política real. De la que más allá de los principios declarados, debe hacerse cargo de convencer a otros, negociar, alinearse en los temas de fondo, más allá de las formas.   Será un debate intenso, qué duda cabe.  Tomará todo el día.  Pero es uno que nos merecemos como sociedad.  Quién quiera podrá seguirlo online en https://convencion.tv.

Y también será mañana el día de la ciudadanía.

Los Eco Constituyentes han convocado a una manifestación desde las 12:00 horas en las afueras del ex Congreso Nacional en Santiago, sede de la Convención Constitucional. Y en paralelo, una multiplicidad de organizaciones como MODATIMAGlaciares LibresFridays for Future-ChileDefensa Ambiental, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), entre otras, están llamando a reunirse en el mismo lugar desde las 11:00 horas.

Porque el cambio será en la Convención, claro está. Pero también en las casas, calles y plazas, porque será el momento en que definiremos el camino que, en materia socioambiental, recorreremos como sociedad.

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